Latinoamérica cambia las reglas de juego

Fuente: Público.es

Este último año muchos de los llamados gobiernos progresistas de América Latina han vuelto a ser respaldados en las urnas. Estos gobiernos, como el de Bolivia y Uruguay, surgieron como respuesta al ajuste liberal de los 80 y 90 y dan cuenta de las diferencias que se quieren englobar en atributos como “progresistas” o “populistas”.

Evo Morales y Jose Mujica. EFE

Evo Morales y Jose Mujica. EFE

BUENOS AIRES.- Mucho se ha hablado, y se seguirá hablando, al calor de los resultados de las elecciones de los últimos meses en Bolivia, Brasil y Uruguay, sobre los aciertos y desaciertos, de los gobiernos “progresistas” de América Latina. Lo que está claro es que esta camada de líderes carismáticos, con propuestas comunes y divergentes, no deja indiferente a nadie.

Bolivia y Uruguay forman parte de este entramado y han decidido respaldar a sus gobiernos en las urnas sin medias tintas. En Bolivia, un 61% de los electores votaron la fórmula de Evo Morales frente a un 24% de su principal opositor, y en Uruguay, un 53% apoyo a Tabaré Vázquez, frente a un 41% que apoyo a la oposición.

Ambos gobiernos vienen de gestionar sus respectivos territorios por períodos de 10 años y no parecen dar cuenta del desgaste que comúnmente sobreviene a estas largas etapas de gobierno, al menos no en las urnas.

Uruguay

Tabaré Vázquez arrasó y llevó al Frente Amplio (FA) a su tercer período de gobierno consecutivo con mayoría parlamentaria propia. El nuevo período de la izquierda tendrá un contrapeso importante en el Parlamento con el liderazgo consolidado de José Mujica, quien dejará la banda presidencial pero ocupará una banca en el Senado. Será clave durante los próximos cinco años el vínculo entre Mujica y Vázquez.

Uruguay cuenta con una población de alrededor de 3.400.000 habitantes, es el segundo país más pequeño de Sudamérica en cuanto a territorio y se sitúa en medio de dos gigantes: Brasil y Argentina.  “Los diez años de gobierno frenteamplista que se cumplirán el primero de marzo han redundado en la mejora de muchos de los indicadores socioeconómicos, basados en un crecimiento sostenido del PIB. A través de políticas públicas de amplio alcance 900.000 personas salieron del umbral de la pobreza, se adjudicaron 38.000 viviendas y se inició una transformación en la formación e inclusión digital que fue modelo en la región”, subraya Silvina Merenson, Doctora en Ciencias Sociales.

Bolivia

Ya ha pasado mucha agua bajo el puente desde que Evo se erigiera como representante y símbolo de la América indigenista. Si en 2006 Evo eligió como escenario de su primera victoria la ciudad arqueológica de Tiawanaku, esta vez, el que otrora fuera líder cocalero, devolvió el guiño a quienes por primera vez le dieron un voto de confianza en la que históricamente fue su región enemiga, Santa Cruz de la Sierra, emporio sojero y capital de la rebelión separatista de 2008, que reivindicaba una Bolivia distinta a la del altiplano y que se podría definir como agroindustrial, blanca y conservadora.

Bolivia es un estado plurinacional con 10 millones de habitantes y es el país con mayor porcentaje de población indígena de América Latina (el 62% según el PNUD, 2006). La fundación del Estado Boliviano en el siglo XIX se hizo de espaldas a los pueblos indígenas, que constituían más del 90% de la población total. En 1994 la Constitución boliviana reconoció la naturaleza “multiétnica y pluricultural de la república” y en 2004 se reconoció a los pueblos indígenas como actores políticos y sociales. En este contexto, el hecho de que Evo Morales haya ganado unas elecciones como representante del indigenismo no es un dato menor.

Tampoco lo es el hecho de que Evo no perciba el desgaste propio de los gobiernos que permanecen muchos años en el poder. Para explicarlo, existen numerosas hipótesis, aunque lo único cierto, en todo caso, es que la realidad de los pueblos latinoamericanos, y la de Bolivia en particular, requiere un análisis de mayor complejidad que el que reduce sus atributos a calificativos tales como progresismo y/o populismo.

Aborto, marihuana, ¿y después?

Lo de Uruguay también parece querer definirse en lo que tiene de particular. “La sanción de leyes como la del matrimonio igualitario, el aborto y la que regula el consumo y la tenencia de marihuana, forman parte de un modelo de gestión estatal que podría caracterizarse como “progresista”, aunque también podría ser asociado con ese Uruguay de excepción que fue pionero en muchas leyes sociales y laborales, pero que tiene una enorme deuda pendiente en cuanto a infraestructura y derechos humanos”, señala Merenson.

Toda una declaración de principios en cuanto a políticas sociales que divide aguas en la región, define los perfiles de cada gobierno y hasta, se podría decir, los alcances de su progresismo.

En términos de continuidad de estas políticas públicas, en Uruguay, el cambio de conducción puede significar un cambio de prioridades. Según Héctor Lescano, que formó parte como ministro de los gabinetes de Vázquez y Mujica, “el nuevo presidente ha manifestado su apoyo a estas medidas aunque, muy probablemente, lo que tendrán son grados y velocidades diferentes. Dos de los principales objetivos del nuevo gobierno son el desarrollo de políticas educativas y la implantación del sistema nacional de cuidados [una suerte de Ley de Dependencia]”.

Bolivia, por su parte, parece incapaz aún de articular y dar respuesta a los debates sobre el aborto, la ley de matrimonio igualitario o la despenalización del consumo de drogas, un tema álgido, este último, en un contexto donde la defensa cultural del consumo de la hoja de coca se ve permanentemente interpelada por quienes buscan deslegitimar su uso alegando vínculos con el narcotráfico.

Para Pablo Stefanoni, periodista y sociólogo, la posición del gobierno consiste, básicamente, en “no incentivar ninguno de estos debates, que generan oposición dentro del MAS [Movimiento al Socialismo], donde además hay bastantes evangélicos”.

Por su parte, la vecina Argentina, referente mundial en materia de derechos humanos y pionera en la aplicación de la ley de medios y la ley de matrimonio igualitario en la región, ha hecho recientemente un tímido avance en lo que refiere a la ley del aborto o la despenalización del consumo de marihuana. Una muestra más de que el MERCOSUR y todas las políticas tendientes a reforzar los lazos comunes no implican, como muchas veces quiere hacerse ver, que se trate de un único modelo latinoamericano.

Nacionalización de hidrocarburos

Una de las teorías que explican el enorme éxito de Morales y su capacidad para perpetuarse en el poder tiene que ver con sus logros económicos. En Bolivia los principales ingresos provienen de actividades vinculadas a los hidrocarburos y minerales, la agroindustria y las remesas. Pero esto no explica en sí mismo la solvencia del modelo económico de la era Morales.

Como señala el politólogo argentino Atilio Borón, la clave del crecimiento y la distribución se encuentra en la nacionalización de los hidrocarburos. Si en el pasado el reparto de la renta gasífera y petrolera dejaba en manos de las transnacionales el 82% de lo producido mientras que el Estado captaba apenas el 18% restante, con Evo esa relación se invirtió.

En línea con todo lo anterior la pobreza extrema bajó del 39% en 2005 al 18% en 2013, y existe la meta de erradicarla por completo para el año 2025.

Hace pocas semanas Bolivia aprobó la Ley de la Madre Tierra que plantea, entre otras cosas, la prohibición de los transgénicos y la eliminación de la concentración de la propiedad de la tierra o latifundio. Según Stefanoni no se puede hablar de esta medida, como lo fue la reforma agraria del 53, que “transformó radicalmente la estructura social del país al eliminar a la burguesía terrateniente; este es un proceso de dotación de tierras muy importante, pero no revolucionario. Por otra parte, el acercamiento a Santa Cruz debilitó la política agraria más radical promovida por el viceministro de tierras que no fue apoyada ni siquiera por los campesinos”.

Ley de Medios

Una de las cuestiones que más preocupan a los distintos gobiernos de la región es el control y la gestión de los medios de comunicación. Un asunto que define la agenda pública y que perjudica o afianza la opinión que se tiene de un gran número de problemas cuando no mina, directamente, la estabilidad de muchos gobiernos.

Algunos países que, como Argentina, han avanzado en la aplicación de una ley de servicios de comunicación audiovisual, más conocida como ley de medios, que regula los monopolios y la concentración, han visto seriamente perjudicada su implantación por una estrategia opositora que hizo hincapié en un engorroso proceso de judicialización de la misma y que, en base a medidas cautelares de diversa índole, fue postergando su implementación durante años. Uruguay, por su parte, sancionó hace unos días su propia ley de medios. Queda por ver ahora el detorrero que deberá seguir en su implantación.

En este sentido, tal y como señala el Doctor en Ciencias de la Comunicación, Martín Becerra, en un artículo publicado en la revista Nueva Sociedad (nº 249), “los grupos concentrados de medios han construido una sobresaliente articulación con el poder político. La concentración de la propiedad en pocos grupos tiende a la unificación de la línea editorial y a la reducción de la diversidad. Otro impacto de la concentración es la centralización geográfica de la producción de contenido en los lugares sede de los principales grupos”.

¿Quién mira a quién?

Probablemente los estados de bienestar europeos poco tengan que aprender de sus homólogos latinoamericanos, las diferencias estratégicas en cuanto a cómo es necesario abordar los problemas de cada país abundan y marcan recorridos propios y singulares. Aun así, la mayoría de los que, siempre reductivamente, podemos calificar como gobiernos progresistas, se han alineado casi sin discusiones en un camino que los aleja del pesado yugo de Estados Unidos, por un lado, y de los dictados de los organismos financieros internacionales, por el otro. Una lección aprendida a fuerza de hambre y miseria durante los 80 y los 90, cuando la mayoría de estos países fueron objeto y prueba piloto de la aplicación de medidas de corte ultraliberal similares a las que hoy se aplican en Europa.

“En los últimos años, lo que conocemos como diálogos Sur-Sur ha permitido a los que tiempo atrás eran definidos como “países dependientes” aprender de las experiencias de subordinación. Esto permitió repensar el eurocentrismo, que por mucho tiempo dominó la reflexión sobre estas sociedades y la calidad de sus democracias e instituciones.

Hoy Latinoamérica está aprendiendo que la experiencia europea es fundamental y, al mismo tiempo, insuficiente para pensar sus propias historias y procesos políticos. No se trata de renegar ni de rechazar esas categorías para mirar el mundo, sino de descentrarlas para resituar otras prácticas de vida existentes” concluye Merenson.

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